SOMERA APROXIMACIÓN A LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

III. La restauración borbónica, otra María Cristina de Regente y la hecatombe de 1898 (I)

   Desde octubre de 1872, Cánovas del Castillo lideraba un grupo ideológico (germen del Partido Liberal-Conservador) que tenía como objetivo la restauración de la Monarquía -definida como Constitucional y democrática- en la persona de Alfonso de Borbón (por eso eran conocidos como alfonsinos), que fuese capaz de albergar la competencia legal y pacífica de los partidos en la lucha por el gobierno. A través de una prensa afín y de centros de tertulias y casinos fundados o utilizados para difundir sus pretensiones, ante el desprestigio y grotesco estado de las cosas de la I República, fue capaz de crear un estado de opinión que fue consolidándose en España, con el mensaje de esperanza de procurar dulcificar asperezas, haciendo desaparecer todo temor de venganzas y reacciones.

   Su propósito –él mismo escribió- era que nadie deje de ser alfonsino por antecedentes ni escrúpulo político; y para eso hacen falta dos centros, cuando menos, en cada pueblo; uno más conservador, donde quepan hasta los que la impaciencia ha hecho carlistas (…) y otro, más liberal, donde puedan acogerse los desengañados de la revolución. Progresivamente, se van creando los llamados Círculos Moderados y Liberales Alfonsinos, reclutando a gran parte de la población sensibilizada. Hay –pedía a sus conmilitones- que recibir y encuadrar a todos, respetando todos los matices y no imponiendo otra disciplina que la común adhesión a Don Alfonso. La inmersión social del posibilismo fue propiamente urbana y de las clases acomodadas e –incluso- más elitistas, frente a las tendencias más federalistas de las grandes masas proletarias, pero los resultados de la amarga experiencia republicana dejó sin capacidad de resistencia a la mayoría y, cuando Martínez Campos se pronunció en Sagunto, la opinión pública estaba más por una solución distinta –fuere la que fuere- que la de seguir en las mismas circunstancias. Así que, como hemos dicho, no hubo significativa resistencia.

   Esa defensa del bipartidismo se vio reflejada en un sistema alternante en el gobierno entre el partido que encabezaba Cánovas y el liderado por Sagasta (Liberal Fusionista). El jurista Alonso Martínez (canovista) fue el padre de la Constitución de 1876, aprobada el 30 de junio por unas Cortes constituyentes resultantes de las elecciones celebradas el 20 de enero de ese año, siendo electores los varones mayores de 21 años, y en el que los conservadores de Cánovas obtuvieron una abrumadora mayoría frente a los liberales de Sagasta (claro que no pudieron participar, además de los carlistas por razones obvias, ni los partidos republicanos ni el demócrata). La Monarquía parlamentaria que estructuraba tenía dos cámaras: el Congreso de los Diputados (elegidos por “nombramiento” –que no proclamación- de las Juntas electorales) y el Senado (constituido por miembros de designación real o por elección de las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes de entre personas de las altas clases sociales). La Constitución hacía que la soberanía nacional fuera compartida por el Rey y por las Cortes; y –como no definía el modo de elección de los miembros del Congreso- la Ley electoral de 1878 estableció el sufragio censitario (para ser elector era necesario tener determinadas rentas o propiedades). Además, el sistema funcionaba a la inversa que el sentido común democrático exige: cuando el primer ministro se sentía desgastado o así lo consideraba el monarca, éste lo destituía y nombraba a su adversario, quien convocaba elecciones bajo su tutela que, debidamente manipuladas (encasillismo), le daban la victoria. Sobre las de 1884 -que ganó Cánovas- el diputado Celleruelo afirmó que se ha falsificado la Junta del Censo; ésta ha falsificado los interventores; el alcalde falsificó las presidencias de las mesas, y las mesas, después de estas tres gravísimas falsificaciones, falsificaron el resultado de la elección.

   No obstante lo que ello ahora tanto nos hiere a nuestra sensibilidad democrática, el sistema alcanzó algo impensable hasta entonces: que no fuera necesaria la violencia para cambiar de tendencia política en el gobierno, como era ya arraigada costumbre en el siglo, y se mantuvo en funcionamiento desde 1881, en el que se formó el primer gobierno Sagasta, hasta 1916.

   En los primeros años, Cánovas alcanzó la paz con los carlistas (1876) y en Cuba (Paz de Zanjón de 1878) y todo parecía ir encaminándose hacia un mejor futuro, cuando el 25 de noviembre de 1885 falleció Alfonso XII. La tisis (tuberculosis) se lo llevó de este Mundo tres días antes de cumplir los 28 años. Su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena, asumió la Regencia. La sucesión correspondía a la Princesa de Asturias, María de las Mercedes, mas –como la Reina estaba embarazada- se aguardó al parto por si naciera un varón, como así fue. Por tanto, Alfonso XIII (los alfonsinos, aunque también conocidos como dinásticos, no podían quedar sin nombre de referencia) fue Rey desde su nacimiento y su madre la Regente hasta que fue declarado mayor de edad a los 16 años.

   La Constitución era notoriamente centralista, lo que fue fomentando la aversión al régimen de los incipientes movimientos nacionalistas catalanes y vascos. Pero, sobre todo, obstaculizaba la autonomía de los pocos territorios ultramarinos que quedaban bajo bandera española. La exclusión política de los burgueses republicanos (que empezaban a organizarse en torno al Partido Republicano de España) y la ignorancia de la importancia de los movimientos de las clases obreras que –a su vez- se aglutinaban en torno al PSOE (fundado en 1879) y a los anarquistas de la Federación de Trabajadores de la Región Española (creada en 1881 y germen de la CNT), iban contaminando progresiva y negativamente al régimen. Hubo momentos de gran hambruna y miseria, mucho más graves que la habitual pobreza de los jornaleros y trabajadores asalariados, verdadramente explotados por los terratenientes latifundistas y los (escasos) empresarios industriales, básicamente catalanes (en su mayoría textiles) y vascos (siderometalúrgicos). Y los abusos eran tales que, con ocasión de las obras de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, se constituyó la UGT como organización clandestina de defensa casi desesperada de los derechos más elementales de los trabajadores. En el desenvolvimiento de sus actividades las organizaciones proletarias fueron creando ateneos y escuelas populares que instruían, en la medida de sus posibilidades, a la masa analfabeta que constituía el pueblo español y los republicanos crearon la Institución Libre de Enseñanza. Los anarquistas optaron, además, por la reacción violenta.

   Aún así, el régimen parecía estable, pero no lo era tanto. Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ansiaban, como mínimo, la autonomía y, por supuesto, la abolición definitiva de la esclavitud (asunto que no hay que olvidar dio lugar a la guerra civil norteamericana), pero nada de ello se admitía, ni siquiera, como tema a negociar. España (quiero decir, sus dirigentes) no era consciente de que ya no era potencia mundial y, lo que era peor: alejada del ritmo de la industrialización de países como Gran Bretaña, Alemania e, incluso, Francia, se desenvolvía en un sistema productivo basado en la agricultura tradicional que era –a todas luces- incapaz de crear la riqueza que se necesitaba, no ya para mejorar, sino para subsistir. Las desamortizaciones realizadas a lo largo del siglo no habían producido (ni hubieran podido hacerlo) los efectos a que aspiraban; y, además, se llevó a cabo una política de desforestación para roturar campos de secano para cultivar cereales con el fin de aumentar las cosechas. La consecuencia (que aún sufrimos y con mayor gravedad) fue que la necesaria lluvia para el cultivo de los cereales, al desforestar y talar los bosques, se fue haciendo cada vez más esasa, agravando y aumentando los períodos de sequía y haciendo más improductiva a la tierra, desertizándose. Como colofón, la alternancia gubernamental vino a exagerar una práctica por la que se expandió un mal también endémico: el de las cesantías, por la que los empleados de las administraciones públicas cesaban en sus cargos junto con el gobierno ejerciente al momento de su nombramiento, fomentando así de un lado, un clientelismo humillante, de otro, una administración desprofesionalizada y -lo que es peor y desde un tercer lado- una realidad marcada con constantes dientes de sierra en las economías individuales de los servidores públicos que “hoy cobraban del presupuesto público y mañana no”, con la consecuencia más elemental que se vislumbra: una corrupción desorbitada.

   Por fin el gobierno de Sagasta (conocido como el largo, 1885-1890) terminó el proceso de abolición de la esclavitud en 1886. También suprimió la censura y reconoció los derechos de libertad de asociación, cátedra y prensa. Modificó la Ley electoral, suprimiendo el voto censitario y admitiendo el sufragio universal de los varones mayores de 25 años. No obstante, aunque esto último supuso la obtención de algunos escaños por los republicanos, la práctica del pucherazo por parte del gobierno convocante de las elecciones se mantuvo inalterada.

   Pero España cometió dos graves errores: en primer lugar, hizo oídos sordos a la petición de autonomía y, para colmo, cuando, por fin, Maura presentó en 1893 un proyecto de autonomía política y administrativa para Cuba, las Cortes lo rechazaron. En segundo lugar, menospreció a Estados Unidos. La producción azucarera de Cuba era su mayor riqueza y este Estado vecino era su mejor y mayor comprador, de modo que su actividad comercial era esencial. Y los dirigentes yanquis eran conscientes de ello. Así que, en primer lugar, trataron de comprar lo territorios que quedaban de soberanía española en el archipiélago antillano, a lo que España se negó varias veces y –además- reaccionó con medidas que perjudicaban a los intereses económicos de Estados Unidos y de la propia Cuba. Para resolver la situación, España y Estados Unidos firmaron un Tratado de reciprocidad comercial en 1891. En 1893 Éstos lo denunciaron y se provocó la ruina de la producción azucarera, abandonándose las cosechas con el consiguiente desempleo generalizado. Ante el descontento tanto de las burguesías como de las masas obreras locales, Martí, fundador del partido Revolucionario Cubano en enero de 1892, desde EE.UU., dio órdenes de iniciar operaciones militares de guerra (como continuidad de la de los diez años y de la chiquita), aprovechando la propicia situación socio-económica intencionada y estratégicamente provocada por EE.UU. Bajo los conceptos de la doctrina Monroe (“América para los americanos”) Cuba y Puerto Rico debían ser norteamericanas o estar bajo su influencia, por las buenas o por las malas. Y, a la hora de ambicionar, las posesiones españolas en el Pacífico y Asia tampoco eran desdeñables. Así que también colaboró y alentó la Revolución anticolonial desatada en Filipinas contra España.

   Con errores importantes en la estrategia militar, el gobierno español, no obstante, trató de defender sus posesiones de ultramar. El 8 de agosto de 1897, mientras descansaba unos días en el balneario de Mondragón, Cánovas del Castillo, Primer Ministro, fue asesinado. De él, en sede parlamentaria, el diputado León y Castillo había aseverado que no ambicionaba ser el restaurador de nuestra grandeza, (...), sino el ser un buen administrador de nuestra decadencia (...).

   Inesperadamente tuvo que hacerse Sagasta de la Presidencia del Gobierno y la Regente María Cristina se quedaba sin su mayor defensor. El Rey Alfonso XIII tenía once años y la sensación de caos se apoderaba de España.

 Ilustración de la época obtenida del web "Va de Historia", en que se representa el asesinato de Cánovas del Castillo a disparos del anarquista Michele Angiolillo, en el balneario de Santa Águeda (Mondragón, Guipúzcoa) el 8 de agosto de 1897. Con motivo de su muerte, el NEW YORK TIMES publicó: Los cubanos van ¡por fín! a ver realizados sus sueños de libertad, porque ahora, sin Cánovas, la guerra entre Estados Unidos y España es inevitable. (En realidad, el propósito bélico de USA estaba preconcebido con o sin Cánovas y -a lo sumo- la muerte de éste la precipìtó, sobre todo a la vista de las medidas político-administrativas que adoptó Sagasta en cuanto a la autonomía de Cuba).

   El 24 de febrero de 1895 se reinició la guerra en Cuba. El gobierno español envió al general Martínez Campos a La Habana para que se hiciera cargo de las operaciones fracasando en su estrategia, por lo que fue relevado por Weyler. En mayo cayó José Martí, pero su ausencia alentó más el alistamiento de los rebeldes. Resultó que el endurecimiento que supuso en la contienda las medidas adoptadas por el general Weyler -pese a que también murió Maceo (otro de los líderes independentistas) en diciembre de 1896-, no alcanzó resultado positivo significativo, y eso que llegó a tener 300.000 efectivos bajo su mando. La evaluación de la situación era calificable como tablas.

   A la muerte de Cánovas, Sagasta nombró a Blanco como Capitán General, con las órdenes de dar soluciones políticas al conflicto. Así se extendieron los derechos de los españoles metropolitanos a los insulares, se reformó la legislación electoral aplicable y, el 1 de enero de 1898, se constituyó un primer gabinete autonómico.

   Simultánea y paralelamente en Filipinas, el doctor en medicina por la Universidad Central de Madrid, José Rizal, había fundado la Liga Filipina (un movimiento cívico proespañolista que pretendía alcanzar la igualdad entre todos los habitantes de las islas, fuere cual fuere su origen o raza). A los cuatro días de la fundación fue detenido y condenado al exilio por subversivo. Esto radicalizó a uno de sus seguidores, Andrés Bonifacio, quien constituyó la sociedad secreta Katipunan (“los hijos de la patria”) para conspirar –ahora ya sí- contra España. Descubiertas sus intenciones el 19 de agosto de 1892, declararon la guerra abierta que, realmente, lo era de guerrillas. Basadas algunas de sus consignas en frases extraídas de dos novelas escritas por Rizal (que la restricción de los derechos políticos para los nativos filipinos le impedía publicar), y pese a estar éste sirviendo como médico de campaña del ejército español en Cuba, fue llamado a la península, detenido por sedicioso y enviado preso a Manila. Condenado a muerte, fue fusilado el 10 de diciembre de 1896. Esto imposibilitó cualquier solución negociada. Es un triste final para un pacifista que no había discutido la españolidad del archipiélago y demuestra la intransigencia con que se comportaba España.

   En Puerto Rico (en donde se puede considerar efectivamente abolida la esclavitud en 1880 y que, desde 1896, gozaba de cierta autonomía político-administrativa) los movimientos independentistas y los anexionistas (con EE.UU. unos y con una Cuba independiente, otros) constituían una minoría política, frente al Partido Autonomista, que era mayoritario y administraba las instituciones autonómicas, de ahí que las reivindicaciones de aquéllos no devinieron en actuaciones armadas. Parece mentira que a la vista de los buenos resultados conseguidos en Puerto Rico, no se aplicaran iguales medidas en Cuba y Filipinas. La verdad que en ello tuvo mucho que ver la oligarquía española de toda índole (especialmente la local) que fue capaz de “matar a la gallina de los huevos de oro”, antes que ceder en la concesión de los más elementales derechos humanos y políticos a la población autóctona y residente, cediendo en sus privilegios. Entre esa oligarquía se encontraban relevantes miembros de los incipientes nacionalismos catalán y vasco. En las Filipinas, además, algunas órdenes religiososas en el ejercicio de la enseñanza resultaron ser origen de odios y motivo de venganzas.

   El status belli de Cuba (en mi modesta opinión financiado y promovido desde sus raíces por el gobierno estadounidense) significaba un propicio “río revuelto para ganancia del pescador” yanqui y no iba a desaprovechar la ocasión. Desde el principio refugió a los insurrectos en su territorio nacional (ahora sucede igual con los anticastristas) y, con una política de doblez para con España y el resto de las naciones, fue disimulando sus verdaderas intenciones hasta que, ante la concesión de la autonomía a Cuba el 15 de noviembre de 1897 (en vez de aplaudir y apoyar la medida como sería de esperar de la coherencia de sus posturas ideológicas) al ver peligrar su objetivo expansionista, apostó por acelerar la intervención militar. España trató de hacer ver a la comunidad internacional lo espurio del comportamiento estadounidense, pero la voluntaria abstención de Gran Bretaña y la obligada de Francia y Alemania (conocedoras de la inferioridad naval resultante sin la participación británica) hicieron infructuosos los esfuerzos diplomáticos, incluido los del Vaticano.

   Nadie dudaba ya de la inminente guerra cuando, sorprendentemente y en “prueba de buena voluntad” (según las autoridades norteamericanas) y con la excusa de dar amparo y socorro a los ciudadanos estadounidenses en territorio cubano-español (y con el único objetivo con visos posibles y razonables el de espionaje), el 24 de enero de 1898 atracó en el puerto de La Habana el Maine, un acorazado de segunda clase de la Armada de los EE. UU. Se trataba de un navío relativamente moderno (botado en 1889) y aunque muy deslumbrante con sus dos chimeneas, era inferior en potencial bélico a bastantes de los barcos españoles. En el fondo su presencia era una provocación, porque desde unos meses antes la flota norteamericana ejercía un ilegítimo bloqueo naval a Cuba. España despachó hacia Nueva York, el mismo día, al crucero Vizcaya.

    El 15 de febrero (martes de carnaval) el Maine explosionó de proa, volando por los aires, hundiéndose en el interior del puerto y ocasionado la muerte de 266 miembros de su tripulación. Emulando el grito de ¡Recordad El Álamo! que en 1845 alentó la guerra contra México, ¡Recordad el Maine! fue el grito que la prensa estadounidense enarboló en una campaña debidamente orquestada para que fuese declarada la guerra a España, como así fue, sin que se pudiere obtener un dictamen objetivo de los motivos de la explosión. Los norteamericanos no dejaron participar a técnicos españoles en su Comisión Investigadora y afirmaron que se debió a una causa externa, acusando así directamente de un sabotaje a España. La investigación oficial de las autoridades judiciales y militares españolas llegaron a la conclusión contraria: era interna, entre otros motivos porque no aparecieron peces muertos en la dársena, lo que, sin duda, el sentido común exige que así sucediera si la explosión hubiese tenido su origen en el exterior del casco. (Se adujo en contra la infantil razón de que era una zona lodosa escasa de peces. Años después los propios Estados Unidos confirmaron que la explosión fue consecuencia de un error de diseño de los barcos de su clase, que tenía situada una de sus carboneras demasiado próxima a la santabárbara).

   El 25 de abril, el parlamento de los Estados Unidos acordó que:

   Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los tres años últimos en isla tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentido moral del pueblo de los Estados Unidos, ha sido un desdoro para la civilización cristiana y ha llegado a su período crítico con la destrucción de un barco de guerra norteamericano y con la muerte de 266 de entre sus oficiales y tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de La Habana.

   Considerando que tal estado de cosas no puede ser tolerado por más tiempo (…)

   El Senado y la Cámara de Representantes reunidos en Congreso acuerdan:

   Primero: que el pueblo de Cuba es y debe de ser libre e independiente.

   Segundo: que es deber de los Estados Unidos exigir y por el presente su Gobierno exige que el Gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas navales y terrestres en la isla.

   Tercero: que se le autorice al Presidente de los Estados Unidos y se le encargue y ordene que utilice todas las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos y llame al servicio activo a las milicias de los distintos Estados de la Unión, en el número que sea necesario para llevar a efecto estas medidas.

Fotografía obtenida de Wikipedia, en la que se ven los restos del Maine en el puerto de La Habana, destrozado por los efectos de la explosión.

   Con o sin acuerdo del Congreso norteamericano, la guerra era ya una  realidad. Cinco días antes de su adopción, el 20 de abril, el Almirante Cervera reunió en el archipiélago portugués de Cabo Verde a una flota compuesta por el crucero-acorazado Cristóbal Colón, los cruceros protegidos Infanta María Teresa (insignia), Vizcaya y Almirante Oquendo, los destructores contratorpedos Furor, Terror y Plutón (modernísimos y muy veloces estos tres, pero de escaso blindaje) y los torpederos Ariete, Rayo y Azor que no podían cruzar el Atlántico por problemas en sus máquinas y regresaron a puerto español tras recibir la Escuadra, el día 24, la orden de partir. Cervera, en contra de su opinión técnico-profesional y siguiendo las confusas órdenes del Ministerio de Marina, tomó rumbo a las Antillas, seguro de que aquella singladura sería un sacrificio estéril de los barcos a su cargo. Partió el 29 de abril ya conociendo el estado de guerra. Atracó (después de sufrir extrañas vicisitudes en los lugares donde intentó fondear para suministrar combustible durante la travesía) en el puerto de Santiago de Cuba el 19 de mayo.

   Por su parte, una flota norteamericana compuesta de cuatro cruceros protegidos (Olympia, Baltimore, Raleigh y Petrel), y dos grandes cañoneros (Condord y Boston), bien pertrechada de municiones y con un desplazamiento total de 19.000 toneladas, partió el 24 de abril (un día antes de la declaración de guerra por el Congreso) desde Hong-Kong con destino al archipiélago filipino.

   Si la prensa norteamericana estimulaba y alentaba la guerra, la española no se quedaba a su zaga. Con una campaña fundamentada en un voluntarismo fantasioso y un falso patriotismo, despreciaba a la Armada contraria y exigía el inmediato uso de la fuerza desorbitando la potencia de la española. Los almirantes de nuestra flota eran más sensatos y más patriotas, pero su opinión no tenía instrumentos de difusión pública. Consideraban –lo que era una verdad aplastante como luego se pudo tristemente comprobar- que nuestra Armada no estaba en condiciones de enfrentarse con mínimas posibilidades de victoria a la norteamericana. La prensa difundía si no maliciosamente sí negligentemente, un estadillo técnico de la flota estadounidense anticuado en el que no se reflejaban los avances y mejoras de ésta, al menos, en los últimos cinco años (precisamente los de mayor esfuerzo constructivo). Pero los marinos de la Flota sí conocían la realidad: los barcos españoles estaban muy mermados en su capacidad teórica de combate. Sin tener en cuenta la falta de instrucción de las dotaciones, muchas de las unidades tenían algunas de las torres de artillería inservibles, o la munición no le era idónea por defectos de calibre, o –lo que es aún peor- como las del más moderno y mejor de nuestros buques en Cuba, el crucero Cristóbal Colón que, simple y llanamente, no las tenía instaladas. Desde una perspectiva teatral, podríamos decir que era un barco de tramoya, pues sólo podía “asustar” con su “impresionante” presencia al enemigo, pero no plantearle material combate con fuego real.

   La verdad es que los “grupos de presión” político-económicos españoles, creían que la guerra les sería ventajosa, venciera quien venciera. Todos se engañaban con esa apreciación. Fueron los mismos que una vez producida la hecatombe y para justificarla y justificarse, la minimizaron y trataron de explicar la derrota en el sentido de convencer a los españoles de que nuestra Escuadra de guerra estaba nutrida por antiguallas de museo construidas sólo con madera y con navegación a vela, sin capacidad de maniobra y combate, lo que era manifiestamente falso. Nuestros barcos (por supuesto propulsados con máquinas de vapor) podrían haber sido una fuerza casi invencible para los buques de la Navy (de hecho los americanos estaban aterrorizados porque se temían lo peor), si hubieran sido algo más que “fachada” en sus armamentos y hubieren estado debidamente dotados de suficiente y buen combustible (como el carbón inglés), munición y víveres, como sí lo estaba su oponente.

   La Escuadra norteamericana se apostó en la bahía de Manila, frente a Cavite, a primeras horas del 1 de mayo de 1898. El Olimpya enarbolaba la insignia del jefe de la flota, comodoro Dewey. A los seis buques norteamericanos, el almirante Montojo podía oponer siete navíos: el crucero de primera clase Reina Cristina (buque insignia), el crucero no protegido Castilla (el único de casco de madera), los cruceros de segunda clase Isla de Cuba, Isla de Luzón, Don Antonio Ulloa,  Don Juan de Austria, el Velasco (que no intervino en el combate) y el cañonero Durero, sumando un total de 14.000 toneladas. En teoría las Escuadras estaban niveladas, con ligera ventaja para la de EE.UU., pero la española estaba (como sucedía con la de Cervera) muy mermada en su capacidad operativa de combate. No obstante ello, a las dos horas y media de iniciado el mismo, la situación se mantenía defendible, salvo en el Castilla y en el Reina Cristina, que habían sido el centro del cañoneo si bien se mantenían a flote y con cierta capacidad de tiro. Ante la falta de resultados, Dewey ordenó la retirada, pues creía que había consumido la mitad de sus municiones y todos los barcos españoles mantenían capacidad de respuesta. Y entonces (en una acción que causa cierta sorpresa desde nuestra pesrpectiva actual, pero que obedecería a una solución sopesada como mal menor), Montojo cambió su insiginia al Isla de Cuba, dio el combate por perdido y ordenó abandonar los barcos, descerrajando a la artillería y abriendo las espitas para inundarlos. Ante tan ineseperada reacción, Dewey reanudó el cañoneo, colaborando con el irremediable hundimiento de la flota. El daño de algunos navíos españoles fue tan escaso que el Isla de Cuba, el Isla de Luzón y el Don Juan de Austria fueron reflotados por los norteamericanos y los mantuvieron en servicio con los mismos nombres hasta bastantes años después.

   Por su parte, la flota de Las Antillas había atracado en el puerto de Santiago de Cuba el 19 de mayo de 1898. Cervera conoció -durante la travesía desde Cabo Verde- cuando trató de repostar carbón y víveres en La Martinica y en Curaçao (lo que no pudo hacer por negarse a ello las autoridades locales) que la flota norteamericana iba a concentrarse en aguas de Puerto Rico (donde inicialmente debía la suya arribar según las órdenes recibidas), por lo que optó por Santiago de Cuba para esquivarla y porque creía que era el lugar idóneo para pertrecharse. Una vez allí quedó a las órdenes de Blanco.

Fotografia de la Greely Colection, obtenida de Wikipedia, donde se aprecia hundido el buque insignia de la Escuadra española de Filipinas, crucero Reina María Cristina.

III. La restauración borbónica, otra María Cristina de Regente y la hecatombe de 1898 (y IV)

   Tras recibir las órdenes del general Blanco de salir del puerto ante el riesgo inminente de que Santiago fuese tomado por tierra (lo que no era cierto, pero las presiones para que la Escuadra saliera a combatir eran enormes), sobre las nueve de la mañana del día 3 de julio y encabezados por el insiginia, el Infanta María Teresa, demasiado alejados uno de otro, en hilera y con la misma ruta (por lo angosto del paso de salida), los navíos españoles enfilaron a la Escuadra norteamericana, situada en semicírculo sobre el eje de la bocana, que estaba compuesta por los acorazados Iowa, Indiana y Oregón, el crucero acorazado Texas (similar al Maine), el crucero protegido Brooklyn, el cañonero Erikson y los cruceros auxiliares Gloucester, Resolute y Vixen. Al final de la batalla se incorporó el crucero protegido New York.

   Desde el primer momento el María Teresa intentó hacerse centro de diana para tratar de sacrificarse en beneficio del resto, poniendo proa hacia el Brooklyn. Éste viró en 180 grados para evitar un supuesto abordaje, lo que intentó aprovechar Cervera para salvar a su buque, pero fue rodeado y atacado por todos los navíos norteamericanos. Le seguían el Vizcaya y el Cristóbal Colón que, por estar el cañoneo enemigo centrado en el insignia, pudieron navegar sin presión de fuego, unificándose luego el bombardeo (tras arruinar al María Teresa) en el Oquendo. Tras éste fueron hundidos los indefensos contratorpedos Furor y Plutón. Fue entonces perseguido, alcanzado y hundido el Vizcaya. El más veloz de todos los barcos, el Cristóbal Colón, estuvo a punto de escapar indemne, pero por faltarle carbón que estuviera en óptimas condiciones y tener que recurrir a la carbonilla, su comandante, viéndose casi alcanzado y sin capacidad de combate (no tenía instaladas las torres de artillería principales) decidió encallarlo. En algo más de cuatro horas la Escuadra de las Antillas estaba destruida y muertos 474 españoles. Sin embargo, el sacrificio infructuoso que (en contra de su opinión técnica y tal como había aventurado el Almirante Cervera) supuso el empeño gubernamental de mandar la flota a las Antillas, fue gran causa de admiración por la flota adversaria. Así, el Comandante del Iowa, donde fue llevado Cervera como prisionero, mandó rendirle los honores de ordenanza y le dijo: Son ustedes unos héroes. Han realizado el episodio más sublime de la historia de la Marina. El Almirante fue tan admirado en Estados Unidos que un clavel artificial de color amarillo ribeteado en rojo, de gran éxito de ventas en las floristerías, fue conocido como el “clavel Cervera”.

   Entre tanto la flota de reserva, entre la que destacaban el acorazado Pelayo y el crucero Carlos V, ambos con una supuesta gran capacidad de combate y fuego, fue maliciosamente retrasada por las autoridades egipcias (al dictado de las británicas) en su paso por el canal de Suez cuando intentaba llegar a Filipinas. Navegando por el Mar Rojo tuvo conocimiento de los desastres de Cavite y Santiago, regresando a España para garantizar la defensa de las costas atlánticas. Muchos expertos militares opinaron que, si desde el primer momento se hubiese dispuesto su traslado hacia la costa atlántica de los EE.UU., la flota de Sampson hubiese tenido que defender sus propias aguas y no hubiera podido bloquear Cuba, salvándose así la flota de Cervera y, casi con toda seguridad, evitarse de este modo la pérdida –al menos de forma tan inmediata- de Cuba y Puerto Rico. Pero la realidad es que se encontraban en tan mal estado como el resto de los grandes buques y de sus escoltas, además, de éstos muchos eran incapaces de poder cumplir misiones transatlánticas.

   En tierra, tanto en Filipinas como en Cuba, sin flota de apoyo, a las fuezas españolas sólo les cabía el resistir el mayor tiempo que les fuere posible al quedar las islas definitivamente bloqueadas y, por tanto, sin posibles refuerzos ni nuevos suministros. Sin embargo, es de tener en cuenta que en Cuba la situación era militarmente más ventajosa para España que para los americanos (apoyados por los mambises cubanos) quienes desembarcaron el 20 de junio cerca de Santiago y, por ello, cabe considerar que con una flota verdaderamente operativa, la solución hubiese sido probablemente muy favorable a España. El ejército español tenía en sus filas un importante número de veteranos y sus mandos estaban curtidos en el aprendizaje que le suponían siglos de batallas (lo que les daba mayor capacidad de maniobra y voluntad de combate), mientras que el norteamericano estaba recién reclutado nutriéndose de voluntarios en su mayor número y sus jefes y oficiales no habían tenido otra experiencia que su propia guerra civil. El armamento español era mucho más efectivo en fusilería (disponía del moderno fusil de asalto Mauser) y bastante igualado en artillería (si bien, como pasaba en la Escuadra, su estado de conservación era pésimo y el municionamiento escaso); y, además, actuaba desde sus bases asentadas, frente al carácter expedicionario del ejército estadounidense. Pero, como hemos dicho, tras la pérdida de la flota la situación se hizo insostenible, y el 17 de julio los yanquis ocuparon Santiago tras la toma del fuerte de El Caney, donde las tropas españolas (conocedoras de que la posición que defendían resultaba clave para la defensa de la ciudad) al mando del general Vara de Rey, llevaron a cabo una de las grandes gestas heróicas que se quedan grabadas para la Historia: la defensa del fuerte durante diez horas por una dotación de unos 540 hombres (de los que fallecieron 444) frente a unos 6.000 solados norteramericanos y 400 indepedentistas. Los vencedores otrogaron honores de héroe al cadáver de Vara del Rey y un testigo objetivo (un militar sueco), admirado por el sacrificio y resistencia de los solados españoles, al informar de los hechos escribió: ¡Dichoso el país que es tan querido por sus hijos! El 12 de agosto se firmó el armisticio y el fin de las operaciones. Unos días antes, el 25 de julio, desembarcaron los americanos en Puerto Rico, ocupándola sin resistencia.

   En Filipinas, donde la situación no era distinta en cuanto al ejército de tierra, los nortemaricanos –que fueron desembarcando a lo largo del mes de julio- no intervinieron militarmente hasta primeros de agosto, limitándose hasta entonces a marchar tras las fuerzas tagalas. Cercada Manila, el 7 de agosto solicitaron a las autoridades españolas la evacuación de la población civil, dando 48 horas para el inicio del bombardeo; y, pese a que el día 12 se había firmado el armisticio, el 13 de agosto fueron bombardeadas por los americanos las defensas de la capital, rindiéndose definitivamente las fuerzas españolas. Resulta curioso que tanto en Cuba como en Filipinas los americanos no dejaran entrar ni en Santiago, ni en La Habana ni en Manila a las tropas independentistas. Sus intenciones debieron ser dobles: proteger a los ciudadanos españoles (la más noble) de las posibles represalias de los insurrectos y (aprovechando la ocasión) el hacerse con los centros de poder de ambos archipiélagos (sin duda, más interesada), como así fue.

   El 2 de junio de 1899, 294 días después de haberse firmado la paz, rendía la plaza de Baler (un pequeño lugar de la isla de Luzón) el 2º Teniente de Infantería Saturnino Martín Cerezo (natural de Miajadas, Cáceres), entregándose junto con los 32 supervivientes de los 57 inicialmente sitiados en el destacamento. Entre los primeros se encontraban los soldados Eufemio Sánchez Martínez (granadino de la Puebla de Don Fadrique) y los murcianos Luis Cervantes Dato (natural de Mula) y Francisco Real Yuste (de Cieza). La heoricidad de la guarnición española causó admiración de todo el Mundo y es, sin duda, un manifiesto ejemplo de cómo los ciudadanos cumplían con sus obligaciones a costa de su propia vida, mientras las autoridades responsables de conseguirles los medios oportunos para tal cumplimiento, simple y llanamente, ni se lo planteaban [1]. Se terminaba de autoliquidar así, tras 400 años, el Imperio español y el Sol empezó, de nuevo, a ponerse en su territorio.

   En París, el día 10 de diciembre de 1898, los plenipotenciaros firmaron el tratado de paz, por el que España renunciaba a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba a favor de los Estados Unidos; se les cedía la isla de Puerto Rico y las demás que estaban bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones; y, por supuesto, el archipiélago conocido por las islas Filipinas. Los nortemaricanos pagarían a España 20 millones de dólares y, ambos Estados, recíprocamente, transportarían a los prisioneros de guerra hasta sus respectivas naciones.

   El precio compensatorio que España se vio obligada a aceptar, debe considerarse como humillante y ofensivo, si tenemos en cuanta que se vendió a Alemania unos meses después, por 25 millones de pesetas, los pequeños archipiélagos (que sólo tenían valor estratégico pero no productivo) de las Marianas (salvo Guam), Carolinas y Palaos. En ese momento un dólar equivalía aproximadamente a un duro (cinco pesetas).

   Para España esta guerra supuso la pérdida global de cerca de 135.000 vidas (la gran mayoría víctimas de enfermedades tropicales y de la falta de alimentos y mínimas condiciones de higiene, y no de los combates propiamente dichos), un coste en material bélico descomunal y, sobre todo, una pérdida en la capacidad de producción irrecuperable.

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LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX: HACIA EL ABISMO

    Si la profunda desmoralización que la pérdida de la guerra supuso para España fue una verdadera hecatombe moral, las consecuencias económicas resultaron, asimismo, catastróficas, situándose la gran mayoría de la población en una extrema pobreza. El pesimismo se apoderó de la opinión pública y de la conciencia social española. Con el humillante Tratado de Paz firmado en París, España quedaba hundida como colectivo, enfangada en su honor patriótico y orgullo nacional, y sin suficiencia productiva para subsistir económicamente. De ese estado de cosas se generó la que se ha venido en llamar generación del 98, en la que se integran gran parte de los artistas e intelectuales de la época más destacados como Albéniz, Azorín, Maeztu, Mesa, Antonio Machado, Menéndez Pidal, Valle-Inclán, Zuloaga, etc. Y un movimiento socio-político que tenía como objeto el análisis científico de los motivos de la decadencia de España, encabezado por el general Polavieja y por Joaquín Costa quien consideraba que la modernización de España requería escuela y despensa: el regeneracionismo (su popular eslogan fue el de escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid).

   Políticos conservadores (Silvela y Maura), liberales (Alba y Canalejas), republicanos (Azaña), e incluso el general y dictador Miguel Primo de Rivera, se adhirieron en mayor o menos medida al regeneracionismo y a las ideas de Costa, así como escritores como Membrado Ejerique, Morote, Posada, Senador Gómez, etc.

   Lo cierto es que podemos afirmar que entre la España oficial, representada por el sistema constitucional de la alternancia entre conservadores y liberales, y la real, se produjo una separación abismal. De la Restauración quedaron marginados los republicanos, pero también otras fuerzas políticas y sociales como el carlismo y las organizaciones obreras anarquistas o socialistas.

   Los republicanos (salvo los posibilistas de Castelar, que participaron en las elecciones desde 1876) tanto federales como unitarios, pasaron a la clandestinidad hasta que en 1881 Sagasta permitió la legalización de los partidos. No obstante el pucherazo era la práctica electoral común, e impedía que los partidos políticos no “alfonsinos” pudieran aspirar, no ya al gobierno, sino a obtener escaños. Ya Ruiz Zorrilla se pronunció fallidamente en Badajoz en 1883. Con la muerte de Alfonso XII, los republicanos atisbaron un punto de esperanza, pero los resultados electorales de 1886 les fueron –como no podía ser de otro modo- totalmente adversos, por lo que se volvieron a pronunciar sin éxito en septiembre de ese año, con el brigadier Villacampa a la cabeza, hasta que la implantación del sufragio universal en 1891, posibilitó que accediera al Congreso una minoría republicana. No obstante, sus disputas internas les minaban en su capacidad de organización y les debilitaban como opción política.

   Los carlistas (que representaban al sector más extremo de la derecha conservadora), tras la derrota militar de 1876 se escindieron, lo que supuso igualmente, una debilitación en su capacidad política e inmersión social (gran parte del tradicionalismo se integró en 1884, con Alejandro Pidal, en el canovismo).

   El Partido Socialista Obrero Español (legalizado, asimismo, en 1881) tras el I Congreso Nacional de 1889 y su adhesión a la Segunda Internacional en 1890, comenzó a implantarse en la sociedad española, si bien también sufrió escisiones. Representó la voz más crítica y contraria a la guerra de Cuba y al sistema de reclutamiento. Desde 1888 la Unión General de Trabajadores se fue implantando en los sectores obreros.

   Mucha mayor organización tenían inicialmente los anarquistas, que abiertamente se decantaron por la acción violenta. Entre otras, destacan el atentado a Martínez Campos el 24 de septiembre y el del teatro Liceo barcelonés el 8 de noviembre, ambos de 1893; y el asesinato de Cánovas, en agosto de 1897. Contestados los atentados por una durísima represión, ésta promovía una reacción de más violencia.

   Y los nacionalismos. Del I Congreso Catalanista (1880) se pergeñó el nacimiento del Centre Català (1882), como asociación cultural defensora del republicanismo catalán, creado por Valentí Almirall. Con una postura menos radical, en 1887 se formó la Lliga de Catalunya liderada por Prat de la Riba que se unió, en 1891, con el Centre Escolar Catalanista, dando lugar a la Unió Catalanista, madre de las “Bases de Manresa”, publicadas el 27 de marzo de 1892 y que constituyen el programa de construcción del nacionalismo político catalán que, hasta entonces, se encontraba más circunscrito a una esfera de manifestación sociocultural. Desde 1892, la reivindicación de una institución autonómica catalana fundamentada en sus peculiaridades históricas y espirituales se va haciendo, cada vez, más fuerte.

   Sabino Arana residió desde 1883 hasta 1888 en Barcelona. Lo hizo hasta la muerte de su madre (viuda) en cuya Universidad se matriculó en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras, sin verdadera vocación y menos intención de obtener alguna licenciatura. Allí se impregnó del sentimiento nacionalista catalán. Regresó a los 23 años a Vizcaya, donde se dedicó al estudio y revitalización del vascuence y a la investigación historiográfica propia que, en 1892, publicó como recopilación de varios artículos de contenido independentista. Bajo el lema de Dios y Leyes viejas, poco a poco, fue fundamentando su inmersión social y el 31 de julio de 1895, fundó el Bizkai-Buru-Bazar, origen del Partido Nacionalista vasco. Detenido y encarcelado en septiembre de ese mismo año, estuvo preso hasta enero de 1896, radicalizándose en sus ideas, que perfiló separándose del carlismo. En 1898, consiguió acta en la Diputación de Vizcaya, lo que supuso una moderación de sus posturas. No obstante ello, la represión sufrida por parte del gobierno al suspender las garantías constitucionales en Vizcaya porque el PNV obtuvo una decena de concejales y un Alcalde en las elecciones municipales de 1899, no facilitaban los entendimientos y, aunque en su última etapa (claro que estuvo encarcelado en parte de ella) antes de su muerte el 25 de noviembre de 1903 (a la temprana edad de 38 años) se “españolizó”, encargó su sucesión al frente del PNV al radical Ángel Zabala.

   Tanto en Galicia como en Valencia, se fueron asentando iniciativas regionalistas. En Galicia (inicialmente con elementos carlistas, en absoluto separatistas) en torno a la Lliga Gallega (aunque con disidencias de importancia) liderada por Murguía y, más tardíamente en Valencia, en torno a la sociedad Lo Rat Penat fundada por Llombart.

   Estas organizaciones socio-políticas no se mostraron capaces, en sus distintos ámbitos territoriales y de influencia social, de erradicar una estructura social caciquil que, además, había visto aumentar el latifundismo como resultado de las desamortizaciones. Porque estas medidas adoptadas sucesivamente por Godoy, Mendizábal, Espartero y Madoz, y que pretendían eliminar las manos muertas, redistribuir la propiedad (y, por tanto, las fuentes de riqueza) entre el campesinado y hacer más productivas a las tierras, alcanzaron sólo un éxito limitado (se saneó, en parte, la Hacienda Pública y se aumentó la superficie de cultivo) y sí generaron bastantes consecuencias perversas. Resultó que las propiedades desamortizadas se fueron concentrando en aquellos que ya disfrutaban de cierto estatus de riqueza y que, por tanto, podían pagarlas. Es decir, los ricos se hicieron más ricos y los latifundistas más latifundistas. La venta pública de los montes y tierras comunales de los municipios privaron a muchas familias del medio rural de los recursos esenciales para su subsistencia, tales como la leña y los pastizales, empobreciéndose –de paso- los ayuntamientos al perder los ingresos que le suponía su explotación. Y, para colmo, la ampliación de la superficie de cultivo conllevó la desforestación y, con ésta, la disminución de las lluvias y la sequía y, en consecuencia, más pobreza para los más pobres. La caída productiva y competitiva del sector agrario, promovió una inmigración desmesurada hacia aquellas ciudades que comenzaban a industrializarse o hacia las cuencas y zonas mineras (única parte del sector primario en desarrollo y crecimiento) y a los enclaves siderometalúrgicos.

   Y, si bien es cierto que la red de ferrocarril se desarrolló significativamente y que la red de carreteras (aunque insuficientemente) mejoró, un sector bancario incapaz de progresar y hacer progresar a la economía; y, una política tributaria que no proporcionaba redistribución alguna de la riqueza y que, en realidad, sus ingresos se procuraban únicamente para alcanzar el equilibrio en los gastos (en los que el pago de intereses de la deuda pública suponía un 30%), generaban una situación económica carente de los más básicos elementos que permitieran cierto despegue y crecimiento global.

   Con alto grado de acierto podemos afirmar que cuando llegó el siglo XX, España se encontraba en la peor situación socio-político-económica de toda su historia.

   Entre el último cuarto del siglo XIX y los primeros años del XX, las potencias mundiales procedieron –basadas en una desmedida concepción expansionista- al reparto entre ellas de África y Asia Meridional (especial interés se tenía en dominar el Mediterráneo). España (aunque en un principio dudó hasta conocer la postura del Reino Unido), aceptó el trocito de tarta que le cedieron los estados preeminentes sobre África, encomendándosele desde 1904 el control de la zona noroeste de Marruecos, concretada en la conferencia de Algeciras de 1906. Este control se fue perfilando en lo que luego se vino en llamar Protectorado, como figura del Derecho Internacional que –maquillando el concepto de explotación colonial ya en desprestigio- consistía en la técnica de (sin perder teóricamente soberanía) aceptar un Estado la ayuda de otro u otros para tratar de alcanzar un supuesto alto grado de implantación en su territorio del modelo occidental. En nuestro caso, se suponía que el Sultán marroquí cedía a España la zona que le había correspondido (una franja de 21.243 kilómetros cuadrados), al Norte y Oeste de África a fin de que se procediera, en su nombre, a su “modernización”. El problema resultó ser que el Sultán de Marruecos, Abd al-Aziz, no ejercía autoridad alguna sobre la zona a proteger: el Rif, Gomara y la Yafara, por lo que poco podía ceder territorialmente y se trataba, pues, de un necesario esfuerzo de imposición de la autoridad inexistente.

   Además, la zona no era precisamente favorable a España. En 1859 (tras largos años de constantes ataques y escarceos sobre Ceuta y Melilla por parte de grupos armados locales) se le había declarado la guerra a Marruecos. La práctica unanimidad del Congreso de los Diputados y la casi total manifestación favorable de la opinión pública en tal declaración bélica, supuso un enaltecimiento del vigor patriótico en el que destacaron los centros de reclutamientos de voluntarios de Cataluña, Navarra y País Vasco, en los que (alentados por el carlismo) se alistaron la mayoría de los 36.000 hombres que compusieron un ejército expedicionario al mando del general O´Donell que, entre el 17 de diciembre de 1859 y el 23 de marzo de 1860, resultó victorioso en la campaña militar. España amplió los límites de Ceuta y Melilla y recibió Ifni y una indemnización previa hasta que se le posesionara de Tetuán. Pero, no caben dudas, había alentado en la zona una clara animadversión en su contra.

   Con todos esos antecedentes, cuando comienza a hacerse cargo del territorio, la población autóctona ve a España como a una potencia enemiga que ayuda a un invasor (el Sultán de Marruecos), si no –incluso- como a una invasora directamente (ambas cosas eran ciertas si bien, materialmente, lo era más esta última).

   El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII juraba la Constitución de 1876 y, con 16 años, comenzaba a ejercer como Rey de España. En su diario, el 1 de enero de ese año, había anotado:

   En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la Monarquía Borbónica o la República. Porque yo me encuentro el país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que la saque de esa situación; la reforma social a favor de las clases necesitadas; el Ejército con una organización atrasada a los adelantos modernos; la Marina sin barcos; la bandera ultrajada [subrayado en el original]; los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, etcétera... En fin, todos los servicios desorganizados y mal atendidos. Yo puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la Patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado, pero también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera. Yo siempre tendré a manera de ángel custodio a mi Madre. Segundo ejemplar que nuestra Historia presenta; el primero, Dª María de Molina; el segundo, Dª María Cristina de Austria. Don Fernando IV pidió cuentas a su madre; mas yo eso nunca lo haré. Yo espero reinar en España como Rey justo. Espero al mismo tiempo regenerar la Patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada. Si Dios quiere para bien de España.

   No cabe duda que Alfonso XIII era consciente de la realidad a la que se enfrentaba y preveía la posibilidad de un final republicano. Era consciente pues, que el régimen estaba en manos caciquiles y que las prácticas democráticas desvirtuadas hacían que la representación en las Cortes no fuera reflejo de la sociedad. Además, los partidos proalfonsinos, tras la desaparición de Cánovas y de Sagasta (en enero de 1903), sufrían graves crisis internas y, en realidad, no desempeñaban su labor constitucional. Ello supuso que el Rey adoptara una actitud intervencionista que le llevó a un ejercicio del poder de dimensiones extraordinarias, muy ajenas a la idea de monarca constitucional (el Rey reina, pero no gobierna), convirtiéndose el palacio de Oriente en el epicentro de decisión de la vida política española. Se estructuró así la gobernabilidad en una forma jerárquico-piramidal de vértice a base (y no al revés como es propio de las democracias) que sumada a la presencia constante del ejército en asuntos públicos que le debían ser ajenos, dio como resultado un deterioro gradual de la imagen de la monarquía.

   Tras Silvela (sucesor de Cánovas), el partido Conservador fue liderado por Maura (quien -como Ministro de la Gobernación entonces- hizo amago de conseguir unos comicios sin pucherazo en las elecciones celebradas el 26 de abril de 1903). Ostentó el gobierno desde diciembre de 1902 hasta el verano de 1905, sucediéndose en la Presidencia, Silvela, Fernández Villaverde, Maura, Azcárraga y –de nuevo- Fernández Villaverde (¡seis gobiernos en poco más de dos años y medio!).

   Con la muerte de Sagasta el 5 de enero de 1903, el partido Liberal-Fusionista se enzarzó en una verdadera guerra interna por la sucesión. Montero de los Ríos fue el vencedor, pero con una presencia fortísima de la facción que encabezaba Segismundo Moret, de modo que, en la práctica, el partido estaba escindido en –al menos- dos partes. Entre junio de 1905 y enero de 1907 ejerció la titularidad del Gobierno, con las presidencias de Montero de los Ríos, Moret, López Domínguez, Moret (de nuevo) y el marqués de la Vega de Armijo (estos dos últimos duraron en total un poco más de un mes. En ese año y medio se sucedieron también seis gobiernos, porque Montero de los Ríos formó dos consecutivos).

   Regresó el Partido Conservador en el conocido como “gobierno largo”, presidido por Maura y que llegó a octubre de 1909. En esta ocasión se esforzó en la regeneración de la Administración pública y en conseguir una integración de los regionalistas, como alternativa al fragmentado partido Liberal-Fusionista, igualmente, sin mucho éxito. Consiguió sólo maquillar, la llamada “cuestión religiosa”, que planteaba la adopción de medidas para acabar con las constantes intromisiones del clero en política (y por ende, en política de educación), postergándola del debate cotidiano, puesto que quedó latente y cerrada en falso.

   El 9 de julio de 1909 los cabileños del Rif atacaron al destacamento de escolta de un grupo de trabajadores de las obras del ferrocarril de la línea Melilla-Beni-Bu-Ifrur, ejecutadas por una compañía de capital hispano-francés, en la que tenían intereses directos el Conde de Romanones (liberal) y el Segundo Marqués de Comillas (quien dio nombre a la Universidad Pontificia). Aunque se produjeron cinco muertos, en realidad se trataba casi de una anécdota, pero el gobierno de Maura vio, como afirmó el historiador William Harris, que España, y más específicamente su ejército, necesitaba recuperar frente al resto de las potencias su honor mancillado tras la Guerra de Cuba, por eso no dejó pasar la oportunidad de enfrentarse a un enemigo asequible. La llamada "Guerra de Melilla” no dejó de ser un simple desquite”. Reaccionó, pues, con medidas de guerra, movilizando a los reservistas desde la “quinta” de 1903. El regreso a filas seguía afectando, en su totalidad, a las clases populares, puesto que cabía eximirse con el pago de la “cuota” de 6.000 reales (1.500 pesetas), lo que era una cantidad muy importante si tenemos en cuenta que el jornal estaba en torno a los 10 reales diarios (60 a la semana). Para agravar más la situación la mayoría de los reclutados eran padres de familia cuyo trabajo era el único sustento de la misma.

   El general Marina, gobernador militar de Melilla, aunque encontró resistencia, represalió duramente el ataque del 9 de julio ocupando el monte Gurugú y bombardeando la Armada la desembocadura del Kert. Por el despliegue de fuerzas alrededor de Melilla que ordenó, pidió refuerzos a la Península y se optó por enviar a la Brigada de Cazadores de Barcelona, que empezó a embarcar el 18 de julio ante airadas protestas populares. El 27 de julio, las tropas españolas sufrieron una emboscada al intentar un imprudente repliegue sin el apoyo de la artillería en el Barranco del Lobo, donde murieron 135 soldados (incluido el general Pintos que mandaba la columna) y fueron heridos 600. Desde el 9 de julio las bajas españolas entre muertos y heridos se elevaban a casi 1.300.

   La oposición a la guerra por las fuerzas políticas no gubernamentales no se hizo esperar, especialmente por las organizaciones obreras que declararon el inicio de una huelga general para el día 2 de agosto. Pero en Barcelona se adelanta Moreno, de Solidaridad Obrera, a quien se une el socialista Fabra i Ribas y el anarquista Rodríguez Romero (no se unieron, pese a ser invitados, los partidarios de Lerroux), y convocan un paro de 24 horas para el lunes 26 de julio que, pese a salir el ejército a la calle, se produjo sin mayores incidencias. Al día siguiente, conforme llegan las noticias del desastre del Barranco del Lobo, la situación fue empeorando y de una inicial protesta antibelicista se derivó hacia una amplia insurrección anticlerical incendiándose centros de enseñanza, iglesias y conventos, profanando tumbas y extrayéndose los cadáveres de éstas con macabras exhibiciones en la calle. (Las grandes críticas al clero en la época y que tuvieron gran influencia social provenían, curiosamente por su falta de participación “oficial” en la huelga, del Partido Radical de Lerroux).

   Declarada la Ley marcial, comenzaron los enfrentamientos entre el ejército y los insurrectos. No obstante, la fuerza de guarnición en Barcelona fue reticente a disparar contra los vecinos a quienes consideraban compañeros. El día 29 de julio llegaron columnas militares desde Burgos, Pamplona, Valencia y Zaragoza, reprimiendo la insurrección que quedó totalmente sofocada el sábado 31. El resultado fue trágico: 78 muertos (3 militares), 500 heridos y 112 edificios incendiados, de ellos 80 religiosos.

   Inmediatamente comenzó una represión durísima y arbitraria que llevó a encausar a 1.725 personas, de las que 458 fueron condenadas, algunas a las graves penas de largos destierros (175), cadena perpetua (59) y de muerte (17, de las que se ejecutaron 5, entre ellas, las del director de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer y Guardia, acusado de ser el jefe de la rebelión si bien su participación en los hechos es muy dudosa).

Vídeo-reportaje de fotografías sobre  el desastre del barranco de El Lobo

Copla que quedó para la Historia: En el barranco de El Lobo  hay una fuente que mana  sangre de los españoles que murieron por su Patria. ("Canciones durante la Guerra Civil española")

Número digital de La Vanguardia de Barcelona de 1 de agosto de 1909. (Recoje los suscesos de Barcelona  y del barranco de El Lobo)          Nota: del 27 al 31 de julio  no se publicó el periódico

V. El primer cuarto del siglo XX: la Semana Trágica, la Gran Guerra y el desastre de Annual (II)

    Ya hemos visto que Alfonso XIII, desde el inicio de su reinado, estaba decidido a “gobernar”, en vez de limitarse a “reinar” en el sentido de las monarquías constitucionales del siglo XX: ejercer un poder moderador desde la Jefatura del Estado. Es cierto que la Constitución de 1876 le permitía ejercitar facultades de gobierno, pero no es menos cierto que ese ejercicio no era el más recomendable como, a la postre, se pudo comprobar. Y es que, consciente del caciquismo y de la corrupción, quería huir de la realidad. Por tanto la frase que escribió en su diario de que también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera, fue una premonición a sensu contrario, porque lo que sucedió fue, precisamente, que al final fue puesto en la frontera porque intentó gobernar él y no dejar esa tarea a ministros eficaces. En pocas palabras: su regeneracionismo resultó ser muy sui generis.

   Aparentemente pacificado el territorio de Marruecos, las consecuencias de la Semana Trágica de Barcelona hicieron su presencia. La oposición parlamentaria encabezada por Moret, exigió intensa y vehementemente la dimisión del gobierno de Maura, convirtiéndose en un clamor generalizado, que fue recogido por la Corona al retirarle su confianza designado a Moret como Presidente del Consejo de Ministros, quien fue sustituido por el también liberal José Canalejas el 9 de febrero de 1910. Éste (con un breve paréntesis de un gobierno encabezado también por Moret) presidió tres gabinetes hasta su muerte el 12 de noviembre de 1912.

   Eran objetivos principales de Canalejas el abordar la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado, para lo que elaboró la llamada “ley del candado”, por la que establecía una moratoria de dos años (tiempo que se preveía necesario para la promulgación de una nueva Ley de Asociaciones) para la instalación de nuevas órdenes y congregaciones religiosas en España; el establecimiento de medidas equilibradoras de política social, como la abolición del impuesto de consumos y el establecimiento del servicio militar obligatorio universal, aboliendo el sistema de redención en metálico o de “cuotas”, ambas decisiones de amplio respaldo popular. Y, asimismo, trató de encauzar los asuntos regionalistas, abordando posibles reformas para la administración catalana, si bien en esta cuestión se vio ralentizado por las maniobras dilatorias de sus conmilitones ideológicos Romanones y Moret.

   Pero no pudo ultimar sus objetivos. El día 12 de noviembre de 1912, era asesinado. El anarquista Manuel Pardinas Serrano apoyando la mano en el hombro de la víctima, le disparaba tres veces en la cabeza, mientras Canalejas miraba las novedades del escaparate de la librería San Martín de la Puerta del Sol semiesquina a la calle Carretas de Madrid. Se agotaba así la última oportunidad de llevar a la monarquía de la Restauración a la modernidad. Y es que lo que sobrevino fue una constante lucha cainita entre los líderes liberales para suceder a Canalejas, de un lado, y entre los conservadores de otro, para conseguir el correspondiente liderazgo. En el entorno liberal la pugna la protagonizaron el Conde Romanones y García Prieto. En el conservador, lo hicieron Maura y Dato, con el aliento del Rey, porque, cuando en octubre de 1913 el monarca llamó para la alternancia en el gobierno a un conservador, lo hizo en la persona de Eduardo Dato, prescindiendo de Maura. Se escindieron así los conservadores en dos facciones: los “idóneos” (como les llamó Maura por acomodarse a las intervenciones regias) y los mauristas.

   Dato presidió el último gobierno “largo” del reinado de Alfonso XIII, hasta diciembre de 1915, durante el que se estableció la Mancomunidad de Cataluña (aunque no se satisfizo plenamente las pretensiones catalanistas).

   Entre tanto la intelectualidad fue tomando un peso sin precedentes en su capacidad de influencia política, agrupándose en torno al profesor de Filosofía José Ortega y Gasset, quien el 23 de marzo de 1914 pronunció una conferencia titulada “Vieja y nueva política”, que conmocionó a la opinión pública. Su tesis básica era sencilla. Se imponía la necesidad de colmar el divorcio entre la España real (vital) y la oficial. Junto a Ortega (que no debe ser considerado perteneciente a ella) se posicionaron algunos de las mentes más destacadas de la generación del 98: Unamuno, Luis Araquistaín, Azaña, Manuel Aznar, Américo Castro, Salvador de Madariaga, Pérez de Ayala y Fernando de los Ríos. Se acercaron parcialmente al socialismo y, aunque luego se harían manifiestamente antimilitaristas tras los fracasos políticos del general Primo de Rivera, algunos (como Ortega) llegaron a exhortar la implantación de una dictadura militar.

   La situación en Marruecos era de constante belicosidad. Ante ella los socialistas españoles mostraban su abierta oposición ante lo que consideraban (no sin razón) una sangría de hombres y dinero. Además ese pacifismo venía impuesto por la línea adoptada por la Internacional Socialista que se esforzaba al máximo por evitar el conflicto armado que se barruntaba en Europa. Pese a tales esfuerzos, los intereses imperialistas de Inglaterra y Alemania se enfrentaban cada vez más. Pero, el gran líder del socialismo francés y europeo Jean Jaurés, que era quien más representaba ese esfuerzo y que -tras el ultimátum de Austria sobre Serbia como consecuencia del atentado mortal del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914- había llamado a los pueblos a unirse contra la “horrible pesadilla” que iba a suponer la "situación terrible" a que había llegado Europa por "la política colonial de Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal voluntad de Austria", era también asesinado el 31 de julio en el Café du Croissant de la calle Montmartre de París. Al día siguiente, El 1 de agosto de 1914, estallaba la I Guerra Mundial.

   Pese a que el Rey, casado con una Reina de origen inglés e hijo de una Reina madre austríaca, supo guardar una exquisita neutralidad que adoptó el gobierno de Dato, y que se plasmó en una gran labor humanitaria en conexión con la Cruz Roja, la Gran Guerra profundizó aún más la división de los españoles. Las fuerzas progresistas tomaron abiertamente partido por los aliados, mientras que las conservadoras estaban partidas entre ambos bandos contendientes. En el Ejército y en la Armada, igualmente, las opciones eran suscritas por partes de uno y otra. No obstante mantuvieron una disciplinada neutralidad, salvo algunos casos destacados.

    La estrategia de guerra submarina adoptada por Alemania contra los aprovisionamientos de Gran Bretaña supuso el hundimiento por el submarino U-20 del buque británico Lusitania, en el que perecieron 1.198 personas, de ellas 124 estadounidenses, el 7 de mayo de 1915. Con este hecho como excusa principal (¡casi dos años después, el 2 de abril de 1917!) EE.UU. declaró la guerra a Alemania y con su participación en el conflicto mundial cambió definitivamente y desde tal fecha la Historia de la humanidad, conjunta y paralelamente, con el otro suceso de enorme transcendencia en el mismo año: la revolución rusa de octubre de 1917 (con base en la de Petrogrado de febrero de ese año) y nacimiento a la realidad gubernamental de los regímenes sociopolíticos inspirados en el socialismo marxista.

   Y fue, precisamente, a partir de 1917, cuando la situación en España empeoró y devino, de nuevo, en insostenible. La llamada crisis de subsistencia que afloró como consecuencia de la caída en la demanda de los productos españoles por los países beligerantes y el previsible final de la I Guerra Mundial, tuvo como consecuencia una pérdida de capacidad adquisitiva económica desmesurada de las clases populares, en las que hay que incluir a funcionarios y sobre todo (por las consecuencias ulteriores), a los militares.

   Los profesionales del Ejército y de la Marina entraron en una situación de disputa constante por los ascensos jerárquicos, a fin de alcanzar mejores retribuciones. Rivalidad que resultaba prácticamente individualizada, por la natural intención de alcanzar la propia mejora económica sin que importase el detrimento del resto, porque la única vía que se daba por accesible era el ascenso de rango, que habitual y tradicionalmente se conseguía por el requisito de veteranía o antigüedad. Lo que sucedió fue que la situación de guerra constante en Marruecos vino a dar relevancia a un mérito de promoción profesional que, hasta entonces, estaba casi reducido a la mera anécdota por heroicidad: el conseguido por la mera participación (destacada o no) en campaña militar. Así que se generó un abismo divisorio entre los militares con destino en África (donde se podían alcanzar tales méritos) y los que se encontraban destinados en el resto de España. Comenzó la guarnición de Barcelona oponiéndose a tal sistema de ascensos contrarios a los tradicionales de antigüedad, procediéndose a crear las primeras (y clandestinas) Juntas de Defensa de las armas de Infantería y de Caballería, como órganos de protección de los métodos tradicionales de administrar la organización y promoción de la carrera militar. El caso fue que nació una especie de asociacionismo cuasi sindicalista en el que se elaboró un “cóctel” de patriotismo y regeneracionismo sui generis impropio que, lejos de alcanzar altruistamente el progreso y mejora de España como parecía intentar, se concentró principalmente en ventilar individualmente problemas y cuestiones profesionales. El Gobierno trató de abortar este asociacionismo pero -sorprendentemente- el Rey no apoyó tal intento, con lo que los militares promotores se vieron reforzados en sus intenciones. En el enfrentamiento institucional (con ultimátum y todo al Gobierno por parte de los militares, en el conocido como Manifiesto del 1 de junio, tras ciertos arrestos de días anteriores por una clara insubordinación de los arrestados) entre los “junteros” y el Gobierno de García Prieto (liberal), salieron reforzados aquéllos, dimitiendo éste y aceptando el nuevo Gobierno que formó Dato (tratando de evitar –es de presumir- un pronunciamiento militar) las peticiones de las Juntas de Defensa. Como consecuencia, los militares volvían a empezar a tener un peso decisivo en cuestiones de oportunidad política, además respaldados por intelectuales como Ortega y Gasset que en y para tal ocasión, escribió el célebre artículo Bajo el arco en ruina, en el que consideraba que la insubordinación militar contaba con el apoyo popular y que el poder legítimo sólo radicaba ya en el Ejército (…hace una semana –afirma en el citado artículo- que la forma de Gobierno ha cambiado en España. El poder eficiente reside en las Juntas de Defensa del Arma de Infantería. Con un bello nombre clásico diremos que vive España bajo el gobierno de los hoplitas…), planteando como única solución la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. Ese estímulo a un pronunciamiento militar por parte de Ortega y Gasset, no sólo no debe hoy asombrarnos, sino que nos demuestra que el estado de desesperación era descomunal.

   Con unas Fuerzas Armadas de tan fácil insubordinación y que, como se ha visto, la sustentaba ahora como una consecuencia subjetiva de lo que llamaron “un malestar crónico” y que objetivamente lo era por esa pésima situación socio-económica que soportaba España, unido (claro está) a la actitud intervencionista tradicional del estamento militar en asuntos políticos-gubernamentales, el régimen se continuaba deteriorando. Lo triste desde nuestra perspectiva, es que ese ilegítimo posicionamiento del Ejército, era visto con buenos ojos (por razones distintas pero convergentes) por la opinión pública en general y de las organizaciones políticas de la oposición en particular. Pero no era ese un hecho aislado. El mismísimo ex presidente Maura –como hemos insinuado antes- se posicionó en contra de la situación gubernamental, aún incluso cuando en ella se encontraban sus antiguos correligionarios conservadores. Por supuesto estaban en contra también los socialistas y -aun con la Mancomunidad de Cataluña constituida- la burguesía catalana, porque aquélla no fue configurada con suficientes miras de éxito. Y, al igual que la cuestión militar se agravó en Cataluña, la civil, asimismo, se germinó en ella.

   Las discrepancias entre las competencias legalmente ejercitables por la Mancomunidad de Cataluña y las aspiraciones de los catalanistas, hizo solicitar al líder de la derecha catalanista Francesc Cambó a Eduardo Dato la reapertura de las sesiones de las Cortes, suspendidas desde el 26 de febrero por Romanones. Ante la negación a tal petición por parte del Presidente del Consejo de Ministros, Cambó reaccionó amenazando con convocar una asamblea extraordinaria de parlamentarios si no se consideraba su solicitud. Y como no se reanudaron las sesiones del Parlamento, Cambó convocó tal asamblea de diputados y senadores para el 19 de julio en Barcelona, donde se constituyeron 13 senadores y 55 diputados tanto regionalistas catalanes como reformistas de Melquiades Álvarez, el socialista Pablo Iglesias y radicales seguidores de Lerroux. Sólo pudieron acordar constituirse en Madrid, con el más amplio respaldo posible, para el 30 de octubre, pues fueron disueltos pacíficamente por orden del gobernador de Barcelona.

   Entretanto, desde marzo de 1917, el socialismo español tenía acordado preparar una huelga general indefinida para agosto. Publicaron un manifiesto en el que criticaban durísimamente tanto a la situación social como a las instituciones del Estado, empezando por la Corona. El 17 de julio los movimientos sindicalistas hicieron público un listado de exigencias que abarcaban desde el reconocimiento de la acción sindical a la disolución del ejército y el derrocamiento de la monarquía, pasando por un amplio número de medidas socio-laborales como la jornada de 7 horas. A tales pretensiones huelguistas se adhirieron los anarquistas, pero existían grandes diferencias entre las organizaciones obreras. Así, en la noche del 18 al 19 de julio de 1917, se inició en Valencia una huelga de ferroviarios de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España a la que se sumaron los trabajadores del puerto. El Gobierno la reprimió con dureza, produciéndose en los enfrentamientos dos muertos, muchos heridos y muchas más detenciones y, además, la Compañía no consintió en restablecer la normalidad permitiendo la vuelta al trabajo de todos los obreros, por lo que desde Valencia se extendió la situación al resto de la zona de influencia de la Compañía ferroviaria, de modo que el 10 de agosto (tres días antes de la fecha prevista para iniciar la huelga general, el 13 de agosto) todos los trabajadores de la red ferroviaria de la Compañía del Norte se declararon en huelga. El comité de la huelga general, integrado por Largo Caballero y Anguiano por UGT, y por Besteiro y Sabonit por el PSOE, perdió (si es que lo tuvo alguna vez) el control de la huelga, produciéndose violentísimos enfrentamientos en los que murieron (según datos oficiales, aunque es presumible que fueran más, de ellos siete en Yecla) setenta y una personas, resultando cientos de heridos (en Asturias la represión fue durísima). En todo caso, el movimiento revolucionario que pretendía avivar la huelga general resultó un fracaso, pues –pese a que muchas de sus demandas coincidían con las de la asamblea de parlamentarios de Cambó y de los militares “junteros”- tanto la burguesía catalana como la del resto de España (temerosa de que la revolución social le resultara más perjudicial que la corrupción e ineptitud de la Restauración) no sólo se apartó sino que se posicionó en su contra, de modo que el propio ejército fue quien la reprimió. El Gobierno pues, pudo controlar la situación y los miembros del comité de huelga fueron condenados a muerte (posteriormente fueron amnistiados), pero quedó muy desprestigiado. El 27 de octubre de 1917, Dato presentó su dimisión.

   Le sucedió en el Gobierno el liberal García Prieto, que formó un esperanzador gobierno de “concentración”, en el que participaron regionalistas de Cambó y reformistas de Melquíades Álvarez y en el que, por primera vez, desempeñaba la cartera de Guerra un civil: el muleño Juan de la Cierva y Peñafiel. Sin embargo, las graves discrepancias entre éste y el Presidente, junto con la sustentación política ficticia del mismo, provocó la caída del Gobierno el 22 de marzo de 1918 y con ella, la mayor crisis conocida por Alfonso XIII, quien amenazó con abdicar si no se unían las distintas y numerosas “familias” conservadoras y liberales, así como el resto de fuerzas integradas en el régimen, para dar solución a la tremenda crisis político-económica que se soportaba. Tras diez años apartado de la vida política (por el mismo Rey, como dijimos) Maura volvió a la Presidencia del gabinete, en el que participaron distinguidas personalidades de todos los sectores, como Alba (en el Ministerio de Instrucción) o Cambó (en el de Fomento), por lo que se denominó Gobierno Nacional. Pero ni así se solucionaban los problemas. La división entre los conservadores continuaba y la pugna entre Maura y Dato era clamorosa. La disparidad de criterios en relación con los contendientes de la Gran Guerra y las posturas centralistas radicales frente a las autonomistas de Cambó hicieron saltar de nuevo por los aires al Gobierno siete meses después. Desde el 9 de noviembre de 1918, hasta septiembre de 1923 se sucedieron 11 gobiernos, la mayoría de ellos presididos por los líderes de las distintas facciones conservadoras, que iban aportando su grano de arena a la lenta e inevitable descomposición del Régimen.

   Desde 1913 hasta 1918, el territorio del protectorado español de Marruecos, con capital en Tetuán y que estaba dividido en tres zonas: las comandancias generales de Larache, Ceuta y Melilla, mantuvo una situación sin grandes cambios, en anuencia con el jefe principal de las cábilas rifeñas, El Raisuni. A partir de 1918 se acometió un supuesto plan de pacificación definitiva que pretendía usar tanto la negociación como la fuerza. Para ello el Alto Comisario, el general Berenguer, sometió las cábilas de Anyera (1919) y de la Yebala (1920), tomando la ciudad de Xauen, lo que permitía impedir la comunicación de El Raisuni con el Rif. Pero la pacificación no era real ni la conexión entre las comandancias de Ceuta y Melilla por el interior era existente. Operaba por la zona oriental el rifeño Abd El-Krim, que acaudillaba a la cábila más belicosa y mejor organizada de todas: la de Beni Urriagel. El general Fernández Silvestre estableció una línea de posiciones que dispersaba a la fuerza bajo su mando y hacía difíciles los abastecimientos y débil (por estar aisladas) la defensa de tales emplazamientos.

   Y, como manifestación de una trágica costumbre, se produjo un nuevo magnicidio. A las veinte y veinte horas del 8 de marzo de 1921 fue asesinado Eduardo Dato, Presidente del Consejo de Ministros. Otra muestra de la paradoja española: el impulsor del Instituto Nacional de Previsión (que presidió) y de la legislación social más avanzada pues fue el “padre” de la Ley de Accidentes del Trabajo y, como consecuencia, precursor de las mutuas de accidentes de trabajo y de la Seguridad Social, fue acribillado a balazos por los anarcosindicalistas catalanes Pedro Mateu y Lluis Nicolau, que dispararon desde una moto con sidecar que conducía Ramón Casanellas a la altura de la madrileña Plaza de la Independencia (junto a la Puerta de Alcalá) cuando se dirigía en el coche oficial desde el Senado a su domicilio.

   En el primer interrogatorio Mateu confesó: yo no he matado a Dato sino al Presidente del Consejo. He hecho justicia, ahora que la hagan conmigo. La motivación política del atentado estaba escudada en la dura represión que el gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido, había dirigido en el constante conflicto colectivo que padecían patronos y sindicatos, llegando a aplicar la Ley de Fugas contra los líderes sindicalistas.

   Le sucede en la Presidencia su antecesor, Manuel Allendesalazar, quien forma un nuevo gobierno de concentración de tendencia conservadora. Pero la situación de desprestigio político era extrema. El 23 de mayo en Córdoba, Alfonso XIII llegó a decir que estaba dispuesto a vencer todos los obstáculos que la política apasionada y censurable oponía al progreso y bienestar de España, para afirmar que el Rey, dentro o fuera de la Constitución, se impondría y sacrificaría por el bien de la patria. La idea dictatorial asomaba, pues, a la realidad.

   Para colmo y más desgracia la situación militar en Marruecos devino en desastre. El 1 de junio de 1921 una columna de 1.400 hombres ocupó Monte Abarrán (en contra o -al menos- sin el consentimiento del general en jefe y Alto Comisario, Berenguer), que fue contraatacado y recuperado por los marroquíes rápidamente, con pérdida de piezas de artillería. No obstante ello, el 7 de julio, Silvestre fijó un nuevo puesto avanzado en Igueriben. Pero, el 16 de julio, el convoy de abastecimiento que trataba de llegar al puesto avanzado, fue detenido por el ataque de las fuerzas de Abd el Krim y sólo al día siguiente pudo llegar una pequeña parte de ese abastecimiento. La guarnición de Igueriben trató de replegarse en la noche del 20 al 21 de julio, llegando sólo hasta Annual 25 de los 300 hombres que la formaban, pese a que el propio general Fernández Silvestre dirigió las operaciones de rescate. Al día siguiente los rifeños atacan en Annual al grueso del ejército español con una exitosa combinación táctica, que desborda a una fuerza española que se deja llevar por el pánico, sin ejecutar debidamente el repliegue sobre Izumar y Ben-Tieb ordenado por el general Silvestre que cae enloquecido sin que fuere encontrado su cadáver. En la desbandada (según datos oficiales) 2.500 españoles mueren en lo que fue más para los rifeños una “cacería” que un combate. A tales bajas hay que añadir los 1.500 soldados de las posiciones circundantes. Los pocos que alcanzan Monte Arrauit se unen a la resistencia que plantea el general Navarro. El 2 de agosto se había rendido Nador y el 3 lo hizo Zeluán, por lo que la suerte de Monte Arrauit estaba echada y el 9 de agosto, después de perder el 90% de sus 3.000 hombres, Navarro fue autorizado por Berenguer a rendir la posición. Melilla quedaba al alcance de Abd el-Krim. La llegada de Sanjurjo con tropas de refuerzo impidió su pérdida. El llamado “desastre de Annual” (referido a todos los combates y operaciones) costó unas 9.000 vidas españolas (en muchos casos con muertes espantosas pues, salvo en Nador, los rifeños no respetaron los términos de las capitulaciones); supuso la pérdida de una enorme cantidad de pertrechos militares y, con el territorio, infraestructuras como líneas férreas, telegráficas, hospitales, colegios, etc.; así como –y obviamente- conllevó un colosal deterioro de las instituciones políticas y militares.

   Cayó el gobierno de Allendesalazar, sucediéndole Maura en la Presidencia, quien volvió a nombrar ministro de la Guerra a Juan de la Cierva. Éste ordena reunir un importante ejército para comenzar la contraofensiva y, al mando de Sanjurjo, comienzan las operaciones el 8 de septiembre, en las que destaca la recién formada Legión, que reconquista el mítico Gurugú.

   El general Cabanellas dirige entonces una carta abierta hipercrítica a las Juntas de Defensa, en la que llega a afirmar que acabamos de ocupar Zeluán, donde hemos enterrado 500 cadáveres de oficiales y soldados (…). Creo a ustedes los primeros responsables, al ocuparse sólo de cominerías, de desprestigiar al mando y alcanzar en los presupuestos aumentos de plantilla, sin preocuparse del material que aún no tenemos ni de aumentar la eficacia de las unidades. Han vivido ustedes gracias a la cobardía de ciertas clases que jamás compartí.

   Y es que en la recuperación del territorio de la zona, las tropas de Sanjurjo y Cabanellas dieron sepultura a miles de cadáveres, muchos de ellos mutilados y en avanzado estado de descomposición, devorados por buitres y cuervos, produciendo una grave impresión en los observadores, que transmitieron a la península tan trágicas noticias. Indalecio Prieto manifiesta en las Cortes: estamos en el periodo más agudo de la decadencia española. La campaña de África es el fracaso total, absoluto, sin atenuantes, del ejército español.

   El recuperar la zona de defensa de Melilla con la reconquista de Dar Drius y, sobre todo, de Tazarut (capital de El Raisuni) el 12 mayo de 1922, no supuso el olvido y toda España exigió responsabilidades. Es entonces cuando Miguel Primo de Rivera, capitán general de Madrid, es cesado fulminantemente por defender que Ceuta y Melilla debían cambiarse por Gibraltar, sin malgastar ni un céntimo más ni un soldado más al otro lado del estrecho. No obstante fue al poco tiempo nombrado capitán general de Barcelona, donde aumentó su popularidad. El 8 de marzo había caído el último Gobierno que presidiría Maura y que había decidido preparar el desembarco de Alhucemas. El gobierno sucesor, presidido por el conservador Sánchez Guerra, apartó el plan sobre el desembarco (llamado “Pizarra” porque se acordó en una reunión celebrada en ese pueblo malagueño) y avivó el espíritu antimilitarista al remitir al Congreso el expediente “Picasso” sobre las responsabilidades derivadas del desastre de Annual, por cuyos debates indirectamente presentó la dimisión y el 7 de diciembre de 1922 le sustituyó el liberal García Prieto, quien presidiría el último gobierno constitucional de la Monarquía de la Restauración.

   El desastre de Anual y sus consecuencias, el gravísimo malestar en los ejércitos; y, especialmente, la conflictividad social con manifestaciones violentas constantes y de todo tipo, fueron preparando el camino para el golpe que se avecinaba. La huelga de transportes de mediados de mayo en Barcelona llevó a extremos la situación, con multitud de atentados y el desabastecimiento de la capital catalana, además de problemas en los servicios de recogida de residuos, etc. Y, ante tal situación, el capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, comenzó a intervenir. En un primer momento, trató de alcanzar un entendimiento entre patronos y trabajadores, pero los asesinatos ocurridos a finales de mayo y principios de junio (9 en total) y el claro enfrentamiento entre Primo de Rivera y el Gobernador civil, Francisco Barber, hizo que fueran llamados a Madrid. Primo de Rivera aprovechó el viaje para realizar varios contactos preparatorios de un golpe de estado. El general más prestigiado era Aguilera (Presidente del Consejo Supremo de Guerra), pero entre que era de tendencia republicana, adoptó una postura vacilante, y que su enfrentamiento con Sánchez Guerra y el procesamiento de Berenguer le restaron popularidad y le sumaron críticas desde el Ejército (sobre todo el de África), quedó autoapartado para liderar el movimiento golpista.

   Sí se unieron Berenguer, Saro y Dabán; y con ellos el gobernador militar de Madrid, el africanista Duque de Tetuán. En la iniciativa, curiosamente, se unieron “junteros” y “africanistas”. Aunque, realmente, tal unión sólo era superficial, pues ambos posturas pretendían diferentes resultados. Aquéllos pretendían un cambio hacia una mayor democracia y una mejora de las cuestiones sociales. Éstos, un gobierno fuerte (aunque no fuese militar) dentro de la Constitución. Desde estas primeras diferencias se germinaron los graves enfrentamientos posteriores.

VÍDEO-REPORTAJE SOBRE EL  DESASTRE DE ANNUAL

ENTREVISTA A UN TETIGO DE ANNUAL

VÍDEO-REPORTAJE SOBRE EL DESASTRE DE MONTE ARRAUIT